La metástasis de la corrupción

Juan Manuel Correa Muñoz, 
Estudiante de derecho y administración de empresas
Universidad CES

COLOMBIA está marchita como planta en verano porque no hay partidos políticos y únicamente hay ladrones que gobiernan sin concepto de patria, que es el de solidaridad con los que conviven bajo et mismo cielo.Nuestra única posible salvación  si la puede haber aún, está en una ley de elecciones justa y para todos. Esta es una síntesis pragmatista de nuestro libro: Para crear caracteres, y patria, y moral, y todo, es preciso una ley de representación proporcional de las aspiraciones, que están hoy ahogadas. !No hay opinión pública!  
 Viaje a pie, Fernando González, MCMXXIX

La frase de moda por los últimos días es la corrupción, un escándalo que casualmente estallo un año antes de las elecciones presidenciales, que por lado tiene lógica, un país en “paz” se preocupa menos por la arremetidas armadas y más por sus procesos internos, pero si nos vamos al tras fondo del asunto, todo esto esta es beneficiando a las distintas bancadas de presidenciables del 2018, un apoyo claro anticorrupción, basado en ideas sin trasfondos como un tribunal de aforo propuesto por la coalición López, Robledo y Fajardo o incluso aquella panacea del derecho constitucional (SIC) que está proponiendo el Uribismo, como es establecer una asamblea nacional constituyente, para la reforma de la carta y así lograr la anhelada reforma a la justicia, que fue el primer fracaso de la administración Santos.

El tras fondo del asunto, está basado en la palabra corrupción, que en conformidad al interprete por excelencia de la constitución es “un flagelo, que debilita la democracia y obstaculiza el desarrollo de los pueblos”, casualmente el en Venezuela, el país de Latinoamérica mas podrido en lo que concierne al tema, por los años de de 1996 se firmaba la "Convención Interamericana contra la Corrupción" ratificada por la ley 412 de 1997 en Colombia, la cual establece:

El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;	El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;	La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo, y la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere los puntos anteriores.

La honorable corte suprema de justicia, se ha visto inmiscuida en la peor desgracia desde du nacimiento, peor aún que la misma toma del palacio de justicia, pues al menos esta fue externa, mientras que la corrupción se forjo desde sus entrañas.

¿Qué paso?, nadie tiene una respuesta absoluta, pero el atrevimiento me lo tomo para enfocar un punto que quizá es el catalizador, la metástasis de la corrupción, y es que cuando empezamos a darle facultades electorales a corte la misma se ha venido menoscabando, y es obvio, si como corte suprema de justicia, puedo designar a un ente tan importante como la fiscalía, es ahí donde empieza toda una cadena de favores donde se cualifican corte y ente acusador, para que los segundos filtren que debe llegar a la primera y así poder responder una completa necesidad de pagar favores o tener un beneficio personal.

Para ser mas claro, la corte suprema de justicia es la encargada de resolver la última instancia de los procesos judiciales, por lo que los casos que le llegan son de una relevancia importante al tratarse de temas de una mayor cuantía, de ya haber pasado por varias decisiones y temas relacionados con servidores públicos; por otro lado, la fiscalía se le denomina el ente acusador, pues se encarga de demostrar ante los jueces, las conductas ilícitas de quienes van en contra de la ley, para que el mismo juzgue su comportamiento y tome una decisión; dicha decisión si no va en pos a lo que piensa la fiscalía puede ser recurrida, o sea que un juez de mas alto rango la revise y es ahí donde la fiscalía, puede tener la potestad de llevar un proceso hasta la corte suprema para que tome una decisión que puede estar o no infectada por interés particulares y no por los estamentos legales.

Si la corte puede designar a su “arbitrio” fiscales, a estos quienes elige no van a “pisar” la manguera de quien les dio de comer, por el contrario, estarán a la orden de sus necesidades y requerimiento.

La solución no es un tribunal de aforados, pues crear más estamentos, solo trasladaría el problema, la reforma constitucional tampoco, mucho menos si es bajo la figura de una asamblea nacional constituyente, que terminaría siendo un legislador primario sin ningún límite en sus designaciones; que renuncien todos los jueces, pues todos son unos corruptos, como lo propone el tratadista Bejarano, nos dejaría sumidos en un problema judicial impresionante pues los que sean procesados, lo serian por esta misma corte y pues los magistrados auxiliares es obvio también están untados.

El exmagistrado Arrubla Pacuar propone ampliar, como protección a los afectados por estas decisiones amañanadas, los plazos del recurso extraordinario de revisión, extenderlo a más de los 2 años, para así toda persona quien cree que se le vulneraron sus derechos, tengan una prerrogativa para la protección amplia y suficiente de los mismos.