La legislación financiera colombiana en los últimos años, específicamente con la ley 45 de 1990 hizo una transición de una banca especializada, donde cada actor tenia un segmento de los múltiples servicios financieros, a una banca múltiple, basada el modelo germánico, donde un solo actor integraba los distintos servicios; en su momento un hito del sistema bancario Colombiano, que denota la importancia de la regulación de un sector que a pesar de ser “privado” cumple con un interés publico “el carácter de interés público de la actividad bancaria se concreta en las disposiciones gubernamentales que desarrollen condiciones de igualdad, transparencia y que no pongan en peligro, ni lesionen el interés de los depositantes e inversores” (González, 2003), que le da derechos y deberes especiales, donde su actuar esta estrictamente vigilado como dice (Martínez Neira, 2004, p. 10) el derecho de las operaciones bancarias que se tipifica con fundamento en el proceso de intermediación financiera, da como resultado los servicios Bancarios que ofrecen al público; razón por la cual los distintos mecanismos de innovación e incursión tecnológica, se ven truncados por las barreras de ultra regulación del sector bancario.
Los bancos comerciales “cumplen con funciones esenciales para el desarrollo y crecimiento de la economía: i) facilita la asignación de recursos, al dirigir los ahorros hacia los inversionistas, ii) selecciona los proyectos más productivos para financiarlos, iii) reduce la probabilidad de no pago y iv) facilita el manejo del riesgo y las transacciones entre los agentes económicos.” (Diamond & Dybvig, 1986) es de ahí la importancia, en centrar los esfuerzos del sector hacia una transformación que tiene que ir desde a bancarización global hasta la incursión de nuevos competidores basados en plataformas tecnológicas, que ayudaran al crecimiento económico del país en los próximos 10 años. Para lograrlo es menester hacer una transición de la legislación financiera Los programas tecnologicos en los países en desarrollo a menudo son difíciles de implementar; en particular, muchos gobiernos carecen de la capacidad de realizar pagos de forma segura a los beneficiarios seleccionados (…) invertir en infraestructura de pagos seguros puede mejorar significativamente la "capacidad del estado" para implementar programas de bienestar en los países en desarrollo (Muralidharan, Niehaus, & Sukhtankar, 2016, p. 2) que ofrezca mas allá de la vigilancia y control, que es importante, al acompañamiento y ayuda para la transformación del sector.
Es necesario crear mecanismos que apunten a los sectores que no están bancarizados, en la adecuación de servicios[1] que supla sus necesidades, la transformación de la banca en Colombia[2], debe estar supeditada por lograr que las transacciones electrónicas, sean tan rápidas y eficientes como el efectivo[3], por medio de pago sin contacto, con códigos QR e incluso con identificación facial o biométrica; para así atraer y consolidar un país donde sus recursos se muevan por medio de ficciones legales entre depósitos bancarios y no predominante por efectivo.
Es un reto grande, pues (Lozano-Espitia & Ramos-Forero, 2000, p. 17) considera que los costos, la reducción de la rentabilidad efectiva de las inversiones en activos financieros, generan una mayor preferencia por el efectivo; pero si buscamos eliminar estas brechas e incentivar las transacciones electrónicas, veríamos dinero que no sale de los bancos y contribuirían a ser mas eficiente su labor en el crecimiento del país, por otro lado la trazabilidad de las transacciones, ayudarían a un sistematizado recaudo del fisco que reduciría la evasión. Para lograr esto, la tarea se basa en distintos actores, uno gubernamental con la flexibilización de entrada de empresas financieras basadas en plataformas tecnológicas, teniendo en cuenta que por para (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, Ansar, & Hess, 2018, p. 11) la tecnología digital por sí misma no es suficiente para aumentar la inclusión financiera, pues asegurar que las personas se beneficien de los servicios financieros digitales, es necesario contar con un sistema de pagos bien desarrollado, una buena infraestructura física, regulaciones adecuadas y sólidas medidas de protección al consumidor. Es ahí donde entrar a jugar los actores privados pues a nivel mundial, “alrededor de 230 millones de adultos no bancarizados trabajan en el sector privado y reciben sus sueldos solo en efectivo” (Demirguc-Kunt et al., 2018, p. 12) por lo que la obligatoriedad de pago en cuentas bancarias y la búsqueda de una nula necesidad de utilizar efectivo, basado en mecanismos de transacciones cada vez mas simples y rápidas son la clave.
Para lograr todo lo anterior es necesario la creación y aceptación de nuevos agentes económicos, que se integren al mercado desde una perspectiva de Relegated Bank donde los Fintech permitan la adecuación e infraestructura necesaria para la facilitar sistemas de pagos que permitan la idoneidad, accesibilidad y alcance a toda la población y así lograr un progreso económico derivado de una cadena que empieza con la captación casi total de recursos (que por mas transacciones que se generen siempre van a estar dentro del sistema financiero), la inversión de los mismos y la aceleración de diferentes factores tributarios y contables que aumentaran la productividad del país.
Bibliografía.
Aker, J. C., Boumnijel, R., McClelland, A., & Tierney, N. (2016). Payment mechanisms and antipoverty programs: Evidence from a mobile money cash transfer experiment in Niger. Economic Development and Cultural Change, 65(1), 1-37.
Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring financial inclusion and the fintech revolution. The World Bank.
González, L. H. U. (2003). El Comité de Basilea y la supervisión bancaria. Vniversitas, (105), 431-462.
Karlan, D., Kendall, J., Mann, R., Pande, R., Suri, T., & Zinman, J. (2016). Research and impacts of digital financial services. National Bureau of Economic Research.
Lozano-Espitia, L. I., & Ramos-Forero, J. E. (2000). Análisis sobre la incidencia del impuesto del 2 x 1000 a las transacciones financieras. Borradores de Economía; No. 143.
Martinez Neira, N. H. (2004). Cátedra de derecho bancario Colombiano. Bogotá (Colombia): Legis.
Muralidharan, K., Niehaus, P., & Sukhtankar, S. (2016). Building state capacity: Evidence from biometric smartcards in India. American Economic Review, 106(10), 2895-2929.
[1] “Un gran desafío en el futuro es cómo ampliar y poner en práctica el cuerpo de conocimiento representado una nueva generación de productos, políticas y estrategias que se basan más en hechos” (Karlan et al., 2016, p. 7)
[2] “El desarrollo de los mercados bancarios y el grado de innovaciones que les es propia, ha creado espacios para nuevos agentes económicos que se ocupan profesionalmente en el proceso de financiamiento de la economía a partir de la captación, manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro del público, cuando no de la prestación de servicios bancarios especializados para facilitar la tarea de aquellos, a título de auxiliares de crédito o auxiliares bancarios, o para orientar y conducir los procesos de financiamiento directo en el mercado de capitales por parte de las empresas del sector real de la economía”. (Martinez Neira, 2004, p. 4)
[3] Las transferencias de efectivo se han convertido en un componente cada vez más importante de las políticas de protección social en los países desarrollados y en desarrollo. Si bien dichos programas a menudo se implementan electrónicamente en países desarrollados, en muchos países en desarrollo con infraestructura financiera débil, tales transferencias se distribuyen manualmente, lo que resulta en costos significativos tanto para los destinatarios del programa como para el sector público. La introducción de sistemas de dinero móvil en muchos países en desarrollo ofrece nuevas oportunidades para distribuir transferencias de efectivo. (…) las transferencias electrónicas pueden abordar desafíos logísticos clave en la implementación de programas de transferencia de efectivo en países en desarrollo, pero que se necesita una inversión suficiente en la infraestructura de pagos. (Aker, Boumnijel, McClelland, & Tierney, 2016, p. 1)
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