Podemos observar en la república de los perros que todo el Estado disfruta de la paz más absoluta después de una comida abundante, y que surgen entre ellos contiendas civiles tan pronto como un hueso grande viene a caer en poder de algún perro principal, el cual lo reparte con unos pocos, estableciendo una oligarquía, o lo conserva para sí, estableciendo una tiranía. Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver (1726)
Jurisdicción Especial de Paz, tomo la decisión, ya sea valiente o apegada al estado social de derecho, de mantener la garantía de no extradición de Jesús Santrich; una decisión llena de aristas que están desencadenando una crisis institucional, de dimensiones estatales.
Ipso facto salió Iván Duque y Néstor Huberto Martínez a dar todo un discurso en contra dicha garantía, con una característica en común, ambos expresaron que el estado de derecho estaba fracturado; una afirmación que puede pasar desapercibida, pero desde el contexto constitucional, puede mostrar una premonición de la actualidad y el futuro del pais, ¿Colombia, es un estado de derecho o un estado social de derecho?. De acuerdo con el artículo 1º de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general, entre otras características. A partir de esta disposición, la jurisprudencia constitucional ha definido el Estado Social de Derecho como una “(…) forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población, prestándoles asistencia y protección” Sentencia T-426 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
La decisión de la JEP, por si misma, protege el debido proceso, pero las consecuencias alrededor de esta, cumple con la premonición de pasar de un estado social de derecho a un estado de derecho; tal como expresaba Eduardo Cifuentes, “su objetivo es combatir las penurias económicas” y este fallo, crea un peligro enorme de ruptura de las relaciones económicas que tiene nuestro país con Estados Unidos, muestra una crisis de credibilidad en la JEP y la ruptura de la institucionalidad en el país.
La Corte ha señalado que existen distintas formas y diferentes instrumentos de intervención del Estado en la economía por medio de los cuales pueden lograrse los fines del Estado Social de Derecho; algunas de dichas modalidades fueron expuestas de la siguiente manera en la Sentencia C-150 de 2003:“Ahora bien, la intervención del Estado en la economía puede ser de diferente tipo, sin que siempre pueda efectuarse una diferenciación clara entre las formas de intervención correspondientes. Así, por ejemplo, en la doctrina se habla de intervención estatal global, cuando versa sobre la economía como un todo, sectorial, cuando recae en una determinada área de actividad, o particular, si apunta a una cierta situación” así pues, si se llega a generar una ruptura económica con Estados Unidos, estamos ante la posible caída económica, 40% de las exportaciones de Colombia son a este país y el apoyo económico que brinda se considera en el margen de 5 puntos del PIB según Asobancaria “(…) las personas deben estar preparadas ante un evento catastrófico y las organizaciones deberían contar con planes para gestionar todas aquellas situaciones de crisis que afecten potencialmente la prestación de sus servicios parcial o totalmente. (…) hay que mirar los protocolos de actuación ante un evento de crisis”. Lo que genera una preocupación grande por la alta posibilidad de una caída económica.
El fallo de la JEP, se centro en la competencia para juzgar los delitos de Santrich mas no en una sentencia de fondo, pero desde el desconocimiento periodístico ha contado la historia a tal medida que ha generado un rechazo generalizado del acuerdo de paz; es por ello que se dio su recaptura, aunque el la JEP no era competente para juzgarlos, un juez ordinario si tienes las facultades jurisdiccionales para ello.
La crisis institucional se venia cosechando desde el gobierno de Santos, pero como si fuera agroquímico de Monsanto Company, el gobierno de Duque ha acelerado la cosecha y sacado frutos grandes y llenos de veneno; el choque de poderes, la desacreditada fiscalía y un manejo gubernamental de un país cuyo líder esta en el senado y no en la casa de Nariño.
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